En agosto pasado, el conocido abogado Willie Gary
visitó a miembros del Congreso de Estados Unidos para informarles que iba a
presentar una demanda contra Pfizer
por fraude, y pidió a los legisladores que tomen medidas para dejar de
financiar la Depo-provera
y el Norplant 2 en los programas de asistencia al desarrollo.
La presentación de Gary coincidió con
el final de una conferencia de planificación familiar realizada en Kampala,
organizada por el Ministerio de Salud de Uganda y la oficina local del Fondo
para la Población de la ONU. La conferencia estaba dirigida a las jóvenes,
dando por supuesto que para el desarrollo es indispensable el acceso a
la salud sexual y reproductiva y la información sobre los “modernos”
anticonceptivos, aunque sin informar de sus contraindicaciones, como que pueden
provocar esterilidad, que no previenen contra el VIH/SIDA, que pueden dar
origen al cáncer de mama, favorecer la osteoporosis, etc. Tampoco informan
sobre el efecto abortivo de todos o casi todos ellos.
El Fondo para la Población sigue priorizando la
distribución a través de intermediarios, como la International Planned
Parenthood Federation (IPPF) y Marie Stopes International, de los
anticonceptivos hormonales de acción prolongada, en forma de implantes o
inyectables, no sólo entre las mujeres casadas sino también entre las
adolescentes.
El inyectable Depo-provera no se recomienda
para más de 2 años de uso, debido a la irremplazable pérdida de minerales
óseos. Las mujeres que lo usan también experimentan sangrado prolongado y el
retraso o la pérdida de la fertilidad. El fabricante, Pfizer, no
recomienda su uso para las mujeres que quieren tener más hijos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países
donantes de los planes de desarrollo, son conscientes de los efectos graves de
los anticonceptivos hormonales. Sin embargo, continúa la presión para que las
naciones los acepten y distribuyan, en aras del desarrollo económico.
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